Sábado , 24-04-10N. RAMÍREZ DE CASTRO
¿Sería justo que un jubilado alemán que reside en Palma de Mallorca decida tratarse en una clínica italiana y España acabe pagando su factura sanitaria? ¿O que el sistema sanitario español pague a Alemania si ese ciudadano acude al médico en su país? Puede parecer surrealista, pero es una posibilidad. El Gobierno español frenó una directiva europea que avalaba esta posibilidad. El objetivo era que los europeos pudieran decidir el país en el que reciben asistencia sanitaria. Hasta ahí todos de acuerdo. El problema es quién paga. En la propuesta inicial, los gastos debían correr con cargo al país de residencia, no al de origen.
En el turno de presidencia de la UE, España ha optado por la opción más sibilina. En lugar de oponerse frontalmente a la petición europea, ha presentado una nueva propuesta con tantos requisitos que, en la práctica, sólo se reembolsarían los tratamientos menos costosos. Trinidad Jiménez presentó el documento durante la reunión informal de ministros de Salud de la UE celebrada en Madrid.
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